05 abril 2006

Marbella y más allá

Marbella, como acostumbramos a decir, no es más que la punta del iceberg. Aún cuando es de lo más escandaloso que podemos oír, ver y leer relativo a la política en general, no es un caso aislado ni mucho menos. Podría hablar del cobro de comisiones, del cohecho, y del enriquecimiento ilícito y a costa del herario público, como un fenómeno global abarcando esta definición las mismas connotaciones que el terrorismo de Al-Qaeda o la tomadura de pelo del mercado económico mundial. Sin embargo, prefiero limitarme a nuestro país.

Supongo que a poco se les habrá escapado que los ayuntamientos son un nido de corrupción a escala, como acabo de decir, global. Si realizámos un estudio entre 5.000 personas, diez por ciudad de entre las 500 más pobladas, estoy seguro de que el 100% contestaría que está claro que alguno de sus dirigentes municipales ha puesto la mano, el canastillo, el bolsillo, aprovechando alguna actuación del consistorio. Aquí no vale el "nadie es profeta en su tierra"; por cercanía, conocemos a los sinvergüenzas.

Lo que no todos conocemos son los medios de los que se sirven; sabemos que muchos barren la plata para casa pero no entramos en detalles de los procedimientos que aplican para tamaña salvajería. Me propongo explicar algunos.

El primero y más rentable es el de la privatización de los servicios públicos, es decir, la adjudicación de servicios a empresas privadas. Por ejemplo, el de agua y basura, el de recaudación de impuestos, el de limpieza, el de grúa, e incluso el de la asistencia a la tercera edad. Depende mucho del tamaño de la localidad, pero juro no equivocarme al afirmar que en aquellas medianamente grandes, es decir entre 50.000 y 100.000 habitantes, adjudicar el servicio de aguas tiene un "precio de mercado" en torno a los 600.000 euros. Cantidad que por supuesto luego se reparten los golfos en función de su jerarquía, entrando también lógicamente gente que no ostenta cargo público alguno. Son los "segundos alcaldes", tan conocidos en los mercados de abastos, peluquerías y bares de nuestros queridos pueblos.

Podríamos mencionar también la compra de bienes de todo tipo. Desde coches hasta un cortador de césped, un equipo de sonido o mobiliario y sistemas informáticos. En estos casos, los que han podido vivir un cambio de color en su gobierno local, habrán percibido también como el nuevo gabinete elige a nuevos proveedores, por lo general gente afin al nuevo partido o amiguetes. De esta forma, llegan a acuerdos del tipo "este cortacésped cuesta 400 euros, pues tu me lo vendes en 1600 y nos repartimos la diferencia". Es muy habitual, tant que se produce a diario. Así, se crea un desvío ilícito de los dineros públicos. Vamos, técnicamente, se materializa un robo. Pensemos por un momento: los 180 euros que pagamos hace un mes por nuestro coche en concepto de impuesto de circulación (si, esos mismo 180 y no otros, puesto que en los ayuntamientos existe "caja única"), terminan en el bolsillo de un delincuente que además es de guante negro.

Cuando la situación se tensa y estos casos salen a la luz, los responsables municipales en estos casos se limitan a negarlo todo y justificar los sobreprecios por la "falta de liquidez municipal", argumentando que los proveedores inflan las facturas al saber que tardarán en cobrar más de lo normal.

Existe una variante de la técnica anterior. Eres un proveedor al que el ayuntamiento debe dinero (como todos). Un buen día aparece un señor, normalmente el "segundo alcalde" arriba mencionado, y te ofrece un trato: por una 15% de esa cantidad adeudada, mañana mismo te hacen la transferencia. La mayoría acepta o.... se resigna a esperar algunos años.

De los pelotazos urbanísticos poco se puede hablar, ya conocemos el caso de Marbella. Pero hay otras estrategias no tan descaradas y que pasan desapercibidas. Las administraciones autonómicas, por ejemplo, se han visto forzadas a gestionar directamente las actuaciones en rehabilitación de viviendas. Y es que algunos ayuntamientos, a través de las empresas públicas correspondientes, terminaban metiendo la mano. También tenemos otros casos de perfil extremadamente sibilino, como edificios que debían constar de bajo, tres plantas y ático y misteriosamente cuentan con bajo, cuatro plantas y ático. Esa planta de más le permite construir seis viviendas, cuyo precio de construcción está entre los 24.000 y los 50.000 euros, entre tres y cinco veces su precio de venta. Es decir, que fácilmente ladrón y sinvergüenza de turno se encuentran con una bolsa de 500.000 euros de beneficios cuyo reparto ya ha sido previamente consensuado.

También es práctica habitual la venta de suelo público a precios muy por debajo de su real en el mercado. Por ejemplo, un solar de 2.500 metros cuadrados se puede vender a 50 euros el metro cuadrado cuando su precio real rondaría los 180. Resultado: el ayuntamiento ingresa 125.000 euros que deberían haber sido 450.000. Esa diferencia, 325.000, que se ahorra el promotor inmobiliario, puede conseguirse por unos simples 120.000 bajo cuerda para el cargo público correspondiente, fedatarios municipales incluidos.

Veamos un caso aún más complejo. En el normal desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad, el consistorio se propone desarrollar un área determinado. Para ello y siguiendo lo que marca la ley, distribuye una unidad de actuación de x metros cuadrados (normalmente decenas o centenas de miles) en tipos de construcción, espacios verdes, zona para servicios etc... Generalmente, como se las saben todas, usan sus habituales artimañanas para impedir una ubicación demasiado lineal de los núcleos de población. Es decir, aquí caben trescientas viviendas unifamiliares y en esta parcela adyacente quinientas, pues en medio pongo una zona verde. Así, mañana viene uno de los constructores inmobiliarios a pedirme que ponga esos arboles y bancos justo cien metros más allá, para poder yo centrar mis esfuerzos en un proyecto más coherente. Eso, lógicamente, cuesta dinero bajo cuerda. Y mucho.

Faltan mil y un casos tipo más que delatan la corrupción generalizada que existe en los ayuntamientos de nuestro país, pero creo que con lo expuesto ya es bastante para que nos hagamos una ligerísima idea.

Hagan números.